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El Gobierno congeló el tope de devolución de IVA a los jubilados

 

El ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno llegó también a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH). En contra de lo que ordena la ley de devolución de IVA, sancionada en junio de 2016, el Ministerio de Hacienda mantiene congelado el tope máximo de retribución de 300 pesos, que debería actualizarse de acuerdo con la evolución de la canasta básica de alimentos (CBA).

Es una de las conclusiones de un estudio del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, vinculada a ATE Capital, que analizó a fondo los resultados de la implementación del programa, dos años después de su puesta en funcionamiento.

Como en el momento de la sanción de la ley -que dispone la devolución de 15 puntos porcentuales del IVA por las compras con tarjeta de débito en comercios minoristas- el Indec no publicaba la CBA, se fijó la cifra máxima en 300 pesos. Pero se dispuso, en el artículo 2 de la norma, que el monto debía ser actualizado dos veces al año según ese índice, a partir de enero de 2017. Pese a que el Indec publica la CBA desde septiembre de 2016, Hacienda nunca modificó el tope máximo.

Sólo desde enero de 2017, el mes en que debía hacerse la primera actualización, hasta mayo de 2018, última cifra disponible del Indec, la CBA aumentó un 35 por ciento, por lo que el tope máximo debería superar hoy los 400 pesos. En los últimos días, LA NACION consultó en tres oportunidades al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de la ley, pero no obtuvo respuestas.

La falta de actualización de ese monto es, de todos modos, sólo una de las deficiencias de un programa que nunca funcionó como se esperaba. Después de dos años de instrumentación, la devolución de IVA sólo alcanzó en abril de este año, según el último informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, al 17 por ciento de los potenciales beneficiarios, calculados en 8.400.000 personas. Ese universo incluye a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y a titulares de la AUH y de la Asignación Universal por Embarazo.

“Uno de los principales cuestionamientos que tuvo el programa al momento de discutirse en el Congreso fue que iba a tener un impacto muy limitado, ya que apuntaba a un grupo poblacional que no utiliza la tarjeta de débito como habitual medio de pago. Hoy se corroboran esos pronósticos”, indica el informe del ITE.

“Si bien de acuerdo con Jefatura de Gabinete se implementaron 282.000 nuevas terminales de pago electrónico hasta abril de 2018, este incremento resulta insuficiente, o bien no se acompaña de otras iniciativas para generar un cambio en la forma en que jubilados, pensionados y titulares de la AUH realizan sus compras”, agrega el estudio.

Si se analiza de manera separada el impacto en los jubilados, la porción que usó el beneficio al menos una vez en el último mes considerado asciende al 20 por ciento. El panorama es peor en el resto de los sectores. “En el caso de los titulares de una pensión por fallecimiento y de beneficiarios de la AUH -señala el estudio del ITE-, la cobertura es más baja aún, ubicándose en el 6 por ciento y prácticamente sin cambios durante todo el período analizado. Si bien se destaca un crecimiento en la cobertura en los primeros 6 meses de implementación, a partir de allí la cobertura parece alcanzar su máximo y no logra una mejora significativa.”

Una iniciativa de resultados deficientes

El programa también muestra resultados deficientes respecto de la magnitud de los reintegros. Es decir, no todos los beneficiarios que recibieron una devolución de IVA alcanzaron el tope de 300 pesos que señala la ley. “En el caso de jubilados y pensionados se destaca que pasaron de un monto promedio de 226 pesos y 209 pesos en julio de 2016 a valores de 160 pesos y 158 pesos en febrero de 2018. De esta manera, el nivel de la devolución se redujo incluso en términos nominales. En el caso de la AUH, la devolución pasó de 35 pesos en julio de 2016 a 73 pesos, con un máximo de 130 pesos en agosto de 2017”, indicó el ITE.

Si se consideran estas cifras en términos reales, es decir, tomando en cuenta el efecto de la inflación, el monto de devolución promedio de los jubilados que usaron el programa cayó un 50 por ciento, mientras que en el caso de los pensionados la caída llegó al 46 por ciento.

Otro dato que expone el mal funcionamiento del programa es el presupuesto que le fue asignado desde la sanción de la ley. En realidad, como se trata de una devolución de impuestos, se consideran un “gasto tributario”. En 2017, el Poder Ejecutivo calculó que iba a llegar a 17.000 millones de pesos, pero se devolvió casi 2000 millones de pesos, menos del 9 por ciento de lo estimado. Para 2018, el cálculo de los “gastos tributarios” destinados al programa se redujo un 72 por ciento, a 4775 millones de pesos. Por el ritmo de devoluciones alcanzado hasta abril de este año, esa meta tampoco va a cumplirse.

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