lunes , marzo 18 2019
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Distribuidoras de gas piden que las tarifas aumenten un 34%

Este martes comienzan las audiencias públicas. Las empresas quieren que el Gobierno les reconozca un plus de 11% por no haber aplicado en octubre el índice previsto en el contrato para actualizar precios. Lopetegui dijo que el fluido no subirá más de 30% en todo 2019.

Las distribuidoras de gas pedirán a partir martes que las tarifas que pagan los usuarios aumenten alrededor de 34 por ciento entre abril y octubre, en la audiencia pública que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires como paso previo para definir el incremento de las facturas. Un pedido similar tendrá lugar el jueves en Salta, que alojará a la audiencia de las empresas transportistas y distribuidoras que brindan servicio en el centro y el norte del país.

Los pedidos de las empresas que prestan servicios en todo el país son superiores a la última previsión del Gobierno. “Los consumidores no van a pagar aumentos superiores al 30% este año”, adelantó el viernes 15 el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. A fin de año, antes de abandonar el Gobierno, el exsecretario Javier Iguacel había estimado una suba del 35 por ciento. Las diferencias entre las empresas y los funcionarios son varias.

Las distribuidoras Metrogas, Naturgy (ex Gas Natural Fenosa), Camuzzi y Litoral, entre otras, presentaron en el Enargas los documentos que defenderán este martes en la audiencia pública, que se realizará en el Centro Metropolitana de Diseño, en Barracas, con puntos de participación virtual en distintas localidades del país.

Según esos documentos, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas y Naturgy pedirán incrementos del orden del 33,74 por ciento para el periodo abril – octubre, respecto de los valores actuales. Metrogas, en tanto, solicitará un aumento que ronda el 35 por ciento. Algo similiar ocurre con las distribuidoras, TGS y TGN.

Según los argumentos de las compañías, el aumento pedido se corresponde con la evolución del Índice de Precios Mayoristas (IPIM) del Indec del último semestre. Ese es el indicador contemplado en las revisiones tarifarias integrales (RTI) para otorgar las actualizaciones de precios semestrales. El IPIM del periodo septiembre – febrero rondó el 24 por ciento. Pero a eso se suma un reclamo de las distribuidoras y transportistas al Gobierno por la manera en que aplicó el aumento correspondiente al periodo octubre 2018 / marzo 2019.

En ese entonces, el Enargas -a instancias de la Secretaría de Energía- se valió de una cláusula de la RTI para otorgar un aumento menor al que hubiera correspondido de aplicar el IPIM del Indec. Empleó una fórmula polinómica entre precios, salarios y costos de la construcción y definió un aumento del 25 por ciento para distribuidoras y transportistas. El IPIM, en tanto, marcó 35,6%. Las compañías piden ahora la diferencia, que también reclamaron al ente regulador y podrían llevar a la Justicia.

“Metrogas se reserva el derecho de reclamar en el futuro las sumas que no ha podido facturar como consecuencia de la decisión regulatoria oportunamente recurrida, correspondiente al periodo octubre 2018 / marzo 2019”, advirtió la principal distribuidora del país, con 2,4 millones de usuarios, en una nota al Enargas.

Metrogas También advirtió que podría frenar inversiones comprometidas. “Es ineludible destacar que, en un contexto como el actual, en el cual la inflación de un mes supera lo que en otros países se da en el término de un año, provoca un desequilibrio financiero que no puede ser soportado por largo tiempo y conducirá inexorablemente a un replanteo de inversiones y costos para la prestación del servicio que atentará contra la calidad pretendido al momento de establecerse la tarifa base que regiría entre revisiones tarifarias”, prosiguió.

Entre el 30% para el año y el 35% para el semestre

Si bien Lopetegui adelantó que, según sus cálculos, la tarifa de gas que pagan los usuarios no debería subir más de 30 por ciento en el año, las distribuidoras y transportistas se esperanzan con que el Enargas muestre cierta autonomía y dictamine incrementos mayores para el semestre que comienza en abril.

Para Lopetegui, las subastas de gas que el Gobierno llevó adelante a mediados de febrero delimitaron el sendero de precios del gas en boca de pozo y “achataron” el incremento de la factura final. Según un conocedor del mercado, el precio promedio pagado por las distribuidoras por el gas para el invierno (unos u$s4,80 por millón de BTU) aumentó menos de lo esperado. El fluido representa el 50% de la factura antes de impuestos. Si el transporte y la distribución aumentan un 35% pero el gas lo hace al 24%, el incremento de la factura estará más cerca del 30 por ciento, razonó la fuente del sector privado.

En una distribuidora, sin embargo, indicaron que el aumento de casi 34 por ciento pedido también contemplaba el precio del gas, ya que al valor de fluido adquirido en subasta hay que sumarle otros precios del mercado spot, más altos.

La otra diferencia entre las empresas y el Gobierno es cuándo se aplicará el segundo aumento del año. Según la Revisión Tarifaria Integral, las tarifas deben ajustarse en abril y octubre de cada año. Pero Lopetegui anticipó que el 30% previsto en su último encuentro con los medios será el único incremento de 2019. ¿Cómo se explica? Fuentes del mercado trajeron el antecedente del año electoral 2017. En ese entonces, el Gobierno corrió la segunda suba a diciembre. Los consumos de ese mes se pagaron a partir de enero de 2018.

Fuente: TN.-

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Detrás del aborto

Tras un infructuoso derrotero por acceder a un aborto no punible, una nena tucumana embarazada tras una violación, fue sometida a una cesárea, de la que se recupera satisfactoriamente. En tanto, ella y su familia han cortado todo vínculo con la recién nacida, cuyas probabilidades de sobrevida son escasas. Analía De Luca En nuestro país, el aborto está prohibido por el Código Penal y se castiga con penas que van de uno a cuatro años para la mujer que se provocara uno a sí misma o consintiera que un tercero se lo realice. La misma pena está estipulada para quien lo realice; pero se agrava de tres a diez años cuando no existiera consentimiento y aumenta en caso de que la paciente muera durante el procedimiento. En tanto, el mismo Código concede, en su Artículo 86, la posibilidad de acceder lícitamente a una interrupción del embarazo en dos supuesto: “si existe un peligro para la vida o la salud de la madre” o “si el embarazo provine de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Dada la antigüedad del Código (data de 1921), desde 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma el Fallo F.A.L. como jurisprudencia para la práctica de abortos no punibles, para tratar de unificar criterios de interpretación a lo que se considera “atentado al pudor” o “una mujer idiota o demente”. El fallo F. A. L. La Corte Suprema nacional dictaminó, en la apelación de una sentencia otorgada por el Supremo Tribunal chubutense, que la interrupción de cualquier embarazo producto de una violación, independientemente de la salud de la paciente, no es punible para la mujer ni para el profesional que realizara la práctica. 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