El economista Fernando Marull aseguró que la Argentina atraviesa una etapa de desaceleración inflacionaria que podría llevar el índice de precios por debajo del 2% en junio, aunque advirtió que la mejora de los indicadores financieros todavía convive con una economía real que muestra dificultades en sectores clave como el consumo, la construcción y parte de la industria.

“La realidad es que no estamos volando. Hay sectores que sí están bien y otros a los que todavía les cuesta levantar”, afirmó.

El especialista destacó que la baja de la inflación fue una de las principales noticias positivas para el Gobierno en las últimas semanas y sostuvo que el dato de mayo, que marcó un 2,1%, estuvo en línea con sus proyecciones. “Estuvimos acertados, así que estamos contentos”, señaló al explicar que esperaba un número similar al finalmente informado.

Según Marull, la tendencia podría profundizarse en los próximos meses. “Para junio perfora el 2%. En base a la inflación semanal que calculamos nosotros, la primera semana dio 0,8% y la segunda semana dio deflación de 0,2%. Las inflaciones semanales son bastante volátiles, pero la tendencia es que junio viene menor que mayo”, explicó.

El economista consideró que la caída de la inflación comienza a generar un escenario más favorable para los salarios y el consumo, aunque aclaró que la recuperación todavía no es homogénea. “Hace siete meses los salarios venían por debajo de la inflación. Ahora, con nuevas paritarias y una inflación que baja, eso es positivo para la economía en general”, indicó por Splendid AM 990.

Sin embargo, planteó que existe una “dualidad” en la economía argentina: mientras algunos indicadores muestran señales positivas, una parte importante de la sociedad todavía no percibe una mejora concreta. “Hay una especie de dos mundos distintos. Por un lado están las buenas noticias financieras y, por otro lado, la gente que dice ‘no llego a fin de mes’”, analizó.

En ese sentido, remarcó que la recuperación dependerá de que la mejora macroeconómica llegue a los sectores productivos y al consumo masivo. “No está la economía burbujeante y están todos los sectores bien. Hay sectores que sí les está yendo muy bien y otros que no, que les está costando levantar”, sostuvo.

De todos modos, según supo la Agencia Noticias Argentinas, reconoció que situaciones vinculadas a sospechas o cuestionamientos sobre funcionarios generan malestar social en un contexto donde los ingresos todavía se encuentran golpeados. “En un escenario donde la economía o el salario venía perdiendo contra la inflación, que salgan este tipo de noticias no está bueno”, afirmó.

Sobre las expectativas electorales y el futuro político del Gobierno, Marull se mostró más moderado que algunos sectores del oficialismo y descartó un escenario donde la economía automáticamente garantice una victoria electoral. “Con el respeto que le tengo a Caputo, no creo en ese escenario de que van a ser los mejores 18 meses de Argentina y que va a arrasar Milei”, señaló.

Para el economista, la clave estará en la velocidad de la recuperación. “Si la economía empieza a volar, la inflación baja al 1% y los salarios rebotan fuerte contra la inflación, las chances del Gobierno claramente suben. Pero hoy ese no es mi escenario base”, sostuvo.

También analizó el denominado “riesgo electoral” sobre el dólar y descartó que la dinámica cambiaria pueda explicarse únicamente por factores políticos. “La aceleración inflacionaria tuvo que ver con la suba del dólar antes de las elecciones, que después se trasladó a precios, pero también hubo shocks como la carne y la nafta”, explicó.

De cara a 2027, advirtió que el comportamiento del dólar dependerá de cómo llegue la economía al proceso electoral. “En las previas electorales presidenciales siempre hay ruido con el dólar. Va a depender mucho de cómo llegue preparado el Gobierno y de cómo llegue la economía”, afirmó.

Finalmente, destacó la baja del riesgo país como una señal positiva para la Argentina, aunque aclaró que todavía falta camino por recorrer. “Es muy positivo. El manejo del programa financiero del Tesoro viene siendo bueno y el Banco Central viene comprando dólares”, indicó.__IP__

Según Marull, una menor percepción de riesgo puede traducirse en mayor estabilidad cambiaria. “Lo que te hace la baja del riesgo país es que baja la posibilidad de que el dólar suba más. En términos de la calle, significa que el dólar esté un poco más tranquilo”, concluyó.

Consultado por el impacto del caso patrimonial de Manuel Adorni y si los conflictos políticos pueden afectar el rumbo económico, el economista consideró que, por ahora, los datos económicos lograron desplazar esa discusión en los mercados. “El caso Adorni es un fusible. No es el ministro de Economía, no es algo que para mí sea relevante en términos del programa económico”, explicó.

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A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el inicio del juicio oral será este martes 16 de junio, reunirá en un solo debate las dos causas abiertas en el expediente y sentará en el banquillo a 17 acusados.

El juicio comenzará con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

Las audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. Además, el expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas producto de la acumulación de ambas causas.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

En la causa principal serán juzgados Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.__IP__

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.

Agencia NA

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aseguró que el acercamiento entre el Gobierno nacional y las universidades representa un cambio en la dinámica del conflicto, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo porque resta cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar en la recomposición salarial de docentes y trabajadores del sistema.

“Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico, que es casi el 60% de lo que reclama la ley en las distintas materias: la salarial, la de gastos de funcionamiento y la de hospitales universitarios”, explicó Yacobitti, al analizar la nueva etapa de diálogo entre ambas partes. Sin embargo, remarcó que “no podemos decir que se llegó a un acuerdo porque lo que nosotros planteamos es que el gobierno tiene que cumplir la ley”.

Para el dirigente universitario, la apertura del Ejecutivo representa una novedad después de casi dos años de tensión. “Hay que destacar la voluntad de diálogo del gobierno con las universidades nacionales, que es una novedad en todo lo que fue este conflicto hasta ahora”, señaló, y consideró que esta instancia permite “empezar a discutir muchas otras cosas que tienen que ver no solo con lo salarial”.

En ese sentido, planteó que el objetivo ahora debe ser sostener un canal de diálogo permanente. “Nosotros estamos todos los días definiendo planes de estudio, nuevas carreras, qué se va a investigar y qué no, y para eso hace falta un diálogo permanente con el gobierno”, sostuvo.

Sobre la discusión judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, el vicerrector de la UBA afirmó que las universidades no abandonarán esa vía. “No se pueden juntar dos particulares y decidir no cumplimos la ley. Me parece que eso es algo básico”, expresó, y cuestionó los tiempos de resolución del conflicto: “Hace más de 200 días que esto se votó y se judicializó. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para resolver si una ley hay que cumplirla o no?”.

Al hacer un balance de los últimos años de conflicto, Yacobitti describió las consecuencias del ajuste sobre el sistema universitario. “Perdimos alumnos porque la situación económica es la misma que la de la mayoría de las personas en Argentina. Cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes”, explicó.

Además, alertó por la pérdida de recursos humanos dentro del sistema educativo. “Perdimos profesores que bajaron sus dedicaciones para poder cubrir más horas en otros lugares o directamente tener otros trabajos. Algunos se han ido a otros países”, indicó, y agregó que uno de los principales problemas es “la fuga muy grande en investigación y ciencia”.

“No hay un país que pueda pretender progresar si no tiene una ciencia que investiga las cuestiones estratégicas para el país”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos del Gobierno sobre el manejo de los fondos universitarios y las auditorías, Yacobitti defendió los controles existentes. “Las auditorías están, se hacen y están publicadas en la Auditoría General de la Nación. Siempre estuvieron”, sostuvo, y agregó: “Está bien que se controlen todos los fondos que quieran. Estoy tranquilo con eso”.

Por otro lado, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el vicerrector de la UBA analizó la situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su futuro dentro del oficialismo. “Un jefe de gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, porque permanentemente los expone a tener que dar explicaciones sobre algo que no quieren hacer, no es algo bueno para el gobierno”, afirmó.

También se refirió a la construcción de una alternativa política opositora y sostuvo que no alcanza con una alianza electoral. “Lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Tenemos que construir una alternativa que le diga a la sociedad qué va a hacer con cada uno de los problemas que tiene y cuáles son las propuestas que va a llevar al Congreso”, señaló.

Sobre un eventual regreso de Mauricio Macri como candidato presidencial, Yacobitti sostuvo que será una definición de la sociedad en las PASO. “Macri tiene todo el derecho del mundo a querer volver a ser candidato a presidente, pero lo importante es qué los une y qué van a hacer si ganan”, afirmó.__IP__

Finalmente, al ser consultado sobre si la educación es una prioridad para la gestión de Javier Milei, Yacobitti fue contundente: “No, yo no creo que sea una prioridad”. No obstante, remarcó que la nueva etapa de diálogo abre una oportunidad para discutir el futuro del sistema universitario y los desafíos que enfrenta frente a los cambios tecnológicos y educativos.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus proyecciones para la Argentina en 2026, donde estima un menor crecimiento de la economía y una mayor tasa de inflación.

En concreto, la organización con sede en París estimó un crecimiento del 2,8% en el año. Tomando el último paper difundido por el organismo, representa una baja de 1,6 puntos porcentuales (p.p.).

Los datos surgen del último informe que difundió hoy la OCDE y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De cara al 2027, calculó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,5%.

En cuanto al crecimiento mundial, proyectan un 2,8% para este año y 3,1% en 2027.

Para la inflación, las estimaciones del organismo se ajustan y elevan sus pronósticos para este año, como consecuencia del aumento del precio del petróleo internacional: “Dificulta los esfuerzos para reducir la inflación“, se indicó en el informe.

En el segundo semestre prevén una nueva aceleración: para fin de año se ubicaría en 31% y quebraría la barrera del 20% en 2017, cuando se ubique en 16%.

“La inflación se fortaleció desde mediados de 2025, alcanzando una tasa mensual de 2,6% en abril, lo que ralentizó la recuperación y el crecimiento de los salarios reales“, explicó el organismo.__IP__

También destacó la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), dado que permitirá “avanzar en un régimen cambiario más flexible, fortaleciendo la resiliencia ante las perturbaciones externas“, aunque alertó que todavía siguen siendo negativas las reservas netas.

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El Gobierno nacional presentó una campaña de financiamiento para la compra de vehículos nuevos destinados al sector agropecuario. La iniciativa busca que productores y empresas amplíen su capacidad logística mediante la adquisición de rodados productivos.

La herramienta financiera consiste en una línea de leasing que cubre hasta el 100% del valor de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. El esquema ofrece una tasa fija en pesos desde el 19,45% y plazos de hasta tres años, con opciones de pago tanto en pesos como en dólares.

Según informó la Secretaría de Agricultura, la propuesta se instrumentará a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en el marco de la muestra Agroactiva 2026.

La medida apunta a acompañar la modernización del equipamiento del campo, según un comunicado que procesó Agencia Noticias Argentinas. El financiamiento está dirigido a productores y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector.

Los montos por solicitante varían entre un mínimo de 80 millones de pesos y un máximo de $6.500 millones. Entre las ventajas fiscales, el sistema incluye la “posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo”.__IP__

Esta modalidad busca incentivar la inversión en infraestructura y reducir la carga tributaria inmediata de los compradores. Además de la línea para transporte, el organismo ofrece créditos en valor producto para los sectores sojero, ganadero, tambero y porcino.

Estas opciones permiten, por ejemplo, acceder a “créditos que fijan las cuotas en kilos de novillo” para la compra de animales o en litros de leche para la adquisición de robots de ordeñe y sistemas de automatización.

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El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el regreso de la cuasimoneda denominada “chachos”, como parte del esquema previsto para el pago de salarios en un contexto adverso de las cuentas públicas.

El mandatario provincial informó que los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) volverán a ser introducidos en la economía riojana.

“Tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Y ahora van a volver”, señaló en una entrevista de streaming, al tiempo que confirmó que será con el objetivo de que “pierdan lo menos posible el poder adquisitivo“.

Quintela indicó que serán utilizados para cumplir con las obligaciones salariales. Según explicó, el BOCADE podría empezar a utilizarse para pagar los sueldos de julio, que se percibirán en agosto.

“Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos“, dijo y aclaró que no estará incluido el aguinaldo dentro de la cuasimoneda.

El BOCADE, apodado “El Chacho” en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, fue aprobado en enero de 2024 por la legislatura riojana.

Quintela afirmó que fue una “medida obligada” en esa época, ante “la crueldad del ajuste” que aplicó el gobierno de Javier Milei.

Durante la entrevista, el gobernador también arremetió contra Luis Caputo, quien no tardó en contestarle y le recordó la situación que vivió su familia durante el gobierno peronista.

“Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, dijo Quintela.

Ante esto, el ministro de Economía lo calificó de “matón de barrio“ y le reclamó que adhiera al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para mejorar la situación de la provincia.__IP__

“Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”.

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El día en el que el Gobierno nacional reglamentó cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires marcó diferencias. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, anticipó que se van a mantener los estándares de control vigentes para garantizar la seguridad vial.

“Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo el funcionario bonaerense acerca de la modificación que reglamentó la gestión de Javier Milei que establece que los talleres particulares que cumplan con las condiciones técnicas exigidas podrán inscribirse para prestar el servicio de la VTV.

En esa línea, remarcó que el control constituye una herramienta fundamental para la prevención de siniestros viales y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar controles sin establecer mecanismos claros de fiscalización.

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó.

Asimismo, Marinucci cuestionó que la medida sea impulsada en un contexto de fuerte deterioro de la infraestructura vial nacional.

“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, señaló.

Y agregó: “Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse”.

Por otra parte, el titular de la cartera de Transporte bonaerense destacó las acciones que viene llevando adelante la Provincia para combatir las maniobras ilegales vinculadas a las verificaciones técnicas.

En ese sentido, indicó que, a través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que lleva adelante las investigaciones correspondientes, ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

“Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden”, subrayó.__IP__

Finalmente, Marinucci sostuvo: “La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina”, expresó.

Y concluyó: “Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos”.

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La última declaración jurada patrimonial presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Pero sin mención a la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz en la que figura como dueña la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Todavía sin actualización, porque el ministro coordinador no presentó su nueva declaración pese a que la prometió, lo que se conoce hasta el momento es un documento que fue entregado ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025.

En ese entonces, el funcionario encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la presentación, Adorni declaró dos departamentos. Uno de ellos adquirido en 2014, del cual posee el 50% de titularidad, valuado en $777.000. El segundo inmueble fue comprado en 2016 y fue consignado con una valuación de $3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de US$42.500 en efectivo, cifra que ya había sido consignada en declaraciones anteriores. También declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de US$6.220. Ambos montos, según surge del documento, no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

La declaración patrimonial también incluyó $1.950.000 en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por $40,3 millones. El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.

Un dato: la presentación analizada corresponde al período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.__IP__

La difusión de estos datos se produce en medio de cuestionamientos y pedidos de explicaciones internas y externas sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien en los últimos meses quedó envuelto en distintas controversias vinculadas a sus bienes y gastos personales.

Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que no tiene “nada que esconder” respecto de su patrimonio. A pesar de la situación, todavía no hay fecha precisa sobre cuando realizará la presentación prometida.

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El Gobierno nacional evalúa suspender el desfile militar del 9 de Julio en un contexto marcado por el ajuste en el Ministerio de Defensa, la reestructuración de partidas y tensiones internas en las Fuerzas Armadas, según coinciden fuentes oficiales y del ámbito castrense.

En la Casa Rosada aseguran que el evento “no está previsto” en la agenda operativa y que hasta el momento no hubo indicaciones para iniciar los preparativos, mientras que en las fuerzas señalan que no están dadas las condiciones presupuestarias ni el clima interno para avanzar con un despliegue de gran escala, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La organización de un desfile de estas características implica movilizar tropas desde distintas regiones del país, vehículos de combate, aeronaves, personal de seguridad, así como cubrir costos de combustible, viáticos, alojamiento y logística general. En ese marco, fuentes militares señalaron que una operación de ese tipo resulta difícil de sostener en medio de recortes y reclamos salariales que atraviesan a la estructura castrense.

El antecedente inmediato refuerza esa tendencia. En 2025, el Gobierno ya había decidido suspender el desfile del Día de la Independencia con el objetivo de reducir el gasto público, en una decisión que sorprendió luego de que la gestión libertaria lo hubiera recuperado el año anterior y resaltado como símbolo institucional.

El último gran despliegue tuvo lugar en 2024 sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aquel operativo movilizó miles de efectivos —con estimaciones de hasta 9.900 militares— junto a aviones, helicópteros, tanques y unidades de combate provenientes de distintas provincias.

El costo del evento superó los 720 millones de pesos, según datos oficiales obtenidos a partir de pedidos de acceso a la información pública, con fuertes erogaciones en combustible, transporte, alimentación y logística de las tres fuerzas. Diversos cálculos difundidos por medios señalan que, actualizado por inflación, el gasto podría acercarse hoy a los 1.000 millones de pesos, una cifra que en el actual contexto fiscal aparece difícil de afrontar.

La discusión sobre el desfile se inscribe en un escenario más amplio de ajuste en el área de Defensa. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso recortes en partidas clave por cerca de 49.000 millones de pesos, afectando programas de alistamiento operativo, logística, equipamiento y adquisiciones estratégicas de las tres Fuerzas Armadas.

El impacto se distribuye entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con reducciones que alcanzan tanto a proyectos de modernización como a gastos de mantenimiento e infraestructura. En particular, se vieron afectadas iniciativas como la incorporación de helicópteros navales, el equipamiento militar y la logística antártica, incluyendo partidas destinadas a combustibles y lubricantes.

Especialistas advierten que este recorte profundiza una tendencia de debilitamiento presupuestario sostenida durante los últimos años y limita la capacidad operativa de las fuerzas. A su vez, dentro del ámbito militar se suma el malestar por cuestiones salariales y por el funcionamiento de la obra social IOSFA, factores que agravan el escenario interno.

En paralelo, el Ejecutivo intenta priorizar una agenda de defensa más focalizada. En ese sentido, la administración nacional impulsa la incorporación progresiva de aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca, una operación que contempla un total de 24 aeronaves y que busca recuperar la capacidad supersónica perdida tras la salida del sistema Mirage. La llegada de los primeros ejemplares ya se concretó y el resto del cronograma prevé entregas escalonadas hasta 2028.__IP__

En el plano político, la agenda presidencial también influye en la definición del 9 de Julio. Según fuentes oficiales, el presidente Javier Milei podría viajar a Tucumán para participar de los actos centrales por el Día de la Independencia, en línea con lo ocurrido en 2025, cuando se priorizó una ceremonia institucional más austera sin desfile militar.

Por el momento, el Gobierno evita una confirmación oficial sobre la suspensión del desfile, pero en el ámbito castrense dan por hecho que, sin órdenes de alistamiento ni asignación de recursos, el tradicional desfile del 9 de Julio difícilmente se realice este año.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al gobierno del presidente Javier Milei de intentar establecer un “negocio inmobiliario” detrás de las unidad turística de Chapadmalal que la administración central busca modificar.

El Gobierno bonaerense le exigió, nuevamente a Nación, que le transfiera la total administración de ambos complejos turísticos para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y evitar una eventual privatización.

Días atrás, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, señaló que desde el Ejecutivo provincial no van a permitir que “rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios”.

La administración libertaria avanzó con nuevas medidas sobre las unidades turísticas y profundizó la incertidumbre sobre el futuro de los complejos históricos de Chapadmalal y Embalse. Ambosfueron desarrolladas a partir de fines de la década de 1940 para garantizar vacaciones accesibles a familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y sectores populares.

En los últimos días se confirmaron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, mientras continúan los cambios impulsados por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

“Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos“, sostuvo el funcionario de Kicillof.

El plan del Gobierno

El Gobierno nacional ya había anticipado modificaciones en el destino de ambos complejos turísticos, creados durante el primer peronismo como parte de las políticas de turismo social.

En el caso de Chapadmalal, La Libertad Avanza (LLA) confirmó la intención de concesionar el predio por 30 años a operadores privados, bajo el argumento de atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento estatal.

Embalse, en Córdoba, fue transferido a la órbita de la AABE, organismo encargado de administrar bienes del Estado, aunque todavía no se informó oficialmente cuál será el destino final del complejo.__IP__

Mientras tanto, sindicatos y trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento y paralización de actividades en ambos predios. Según distintas fuentes gremiales y medios nacionales, entre 101 y 103 personas resultaron afectadas por despidos y pases a disponibilidad en ambos complejos.

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Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba desde hacía casi una semana.

Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, se habrían hallado solamente algunas partes del cuerpo, ya que habría sido descuartizada.

Los restos se encontraban en un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el acusado sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo que había pedido prestado.

Por el caso se encuentra detenido un allegado a la madre, Claudio Barrelier, quien en varias indagatorias modificó su versión sobre los hechos.

La mamá de Agostina fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Barrelier horas antes de ser detenido.

En esa zona se habían intensificado los rastrillajes en las últimas horas tras obtenerse imágenes de un domo policial. Las cámaras captaron el momento en que el detenido ingresaba al sector el lunes a las 11:45 y se retiraba a las 12:15.

El caso, que se siguió minuto a minuto, generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación con distintas marchas propiciada por su familia. __IP__

Fuentes cercanas al expediente indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de Agostina Vega había motivado la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo que puso fin a la incertidumbre.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el Gobierno realice una mayor supervisión sobre las fintech y billeteras virtuales, en un contexto donde la morosidad se encuentra en aumento y tocó niveles que no se registraban desde hace 20 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el organismo multilateral dedicó un tramo de su staff report en donde puso el foco en las entidades no bancarias.

En el documento, que difundió el pasado viernes, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”.

Allí, el organismo que dirige Kristalina Georgieva detalló que el crédito no bancario representa el 15% del crédito bancario total e indicó que “se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias” con el objetivo de “garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados, así como de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)“.

En el mismo apartado incluyó, además, a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

El Fondo reconoció los avances que está realizando el Gobierno para fortalecer el mercado de capitales, aunque adelantó que esperan que tome más tiempo de lo normal dada la “larga historia de inestabilidad” del país, por lo que deberá “ser gestionado cuidadosamente para evitar incrementar las vulnerabilidades macroeconómicas“.

Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron un salto en el nivel de morosidad en las familias que alcanzó el 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes de 2025 (3,3%).

Para el sector privado en general subió 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al 7%.

“A medida que avance la estabilización y se reconstruyan las reservas, creen que podría considerarse una flexibilización de las normas prudenciales sobre el crédito en moneda extranjera, basándose en la experiencia de otras economías altamente dolarizadas como Perú y Uruguay“, aseveró el FMI.

Frente a esto, el organismo resaltó los marcos regulatorios y de supervisión que están llevando a cabo las autoridades nacionales para ejecutar una “expansión responsable” del crédito bancario.__IP__

“Más en general, y con el objetivo de apoyar un crecimiento más sostenible, las autoridades están enfocadas en profundizar los mercados de capitales, incluyendo el fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo y la ampliación de las oportunidades de inversión corporativa“.

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a Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.

Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86 y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Kirchner por administración fraudulenta.

¿Quién tomó la decisión?

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.

A su vez, por mayoría quedaron desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme. Y señaló que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

¿Qué dijo Hornos sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner?

Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta el Juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.

Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.__IP__

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, finalizó diciendo Borinsky sobre los inmuebles que fueron adquiridos previamente al 23 de abril de 2004, correspondiente a la fecha que el tribunal fijó para la ejecución de la condena como el punto inicio para la evaluación de los bienes alcanzados.

¿Cuáles son los bienes?

En total son diez departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz, más cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces ubicado en Lago Argentino. Ahora, sobre los de Lázaro Báez, corresponden a inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

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La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron.

Transporte quedó como la división con mayor aumento en abril (4,4%), seguida por Educación (4,2%).

Con respecto a la primera, atribuyeron el incremento al aumento en los combustibles. En ese sentido, YPF aumentó 1% los precios y prorrogó por 45 días más el congelamiento de precios.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

De esta manera, el costo de vida anotó una desaceleración por primera vez desde mayo del 2025 y cortó una tendencia alcista de diez meses consecutivos.

Mayo del 2025 (1,5%) había sido la última vez que el IPC había retrocedido. De junio en adelante anotó una racha que llegó a superar el 3%: junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%), diciembre (2,8%), enero (2,9%), febrero (2,9%) y marzo (3,4%).

A su vez, el dato de abril fue el más bajo desde noviembre pasado.

“La inflación núcleo (sin regulados ni estacionales) explicó gran parte de la baja mensual, ya que pasó de 3,2% a 2,3%, siendo la menor desde octubre“, señalaron al respecto desde la consultora C&T.

Si bien anotó un retroceso y retomó al sendero de los 2 puntos, el Gobierno no pudo cumplir con un punto clave pactado en el Presupuesto nacional.

Y es que había dispuesto una inflación anual —es decir, en los doce meses del 2026— del 10,1%, algo que ya no será posible.

Cómo sigue en mayo

Hacia adelante, las proyecciones para la inflación siguen demostrando cierta tendencia a la baja. Luego de afrontar distintos shocks (entre ellos el del conflicto bélico y la carne), las estimaciones apuntan a tener una inflación en el rango del 2% por un tiempo.

EcoGo proyectó, para la primera semana de mayo, una inflación del 2,2% al igual que C&T.

“El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante. La moderación de alimentos y bebidas es otro factor. El ‘Hot Sale‘ colabora en el igual sentido, al igual que el ajuste acotado a los combustibles. Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%“, indicó la consultora a cargo de Camilo Tiscornia.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) descarta la posibilidad de que llegue a cero para agosto, tal como predecía Javier Milei.

Recién en ese mes el costo de vida se ubicaría por debajo de los 2 puntos: 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

“El dato estuvo en línea con lo que marcaban los precios del mercado, con lo cual no esperamos que haya correcciones mayores luego de su publicación. Además, si bien esperamos que la tasa siga desacelerando en los próximos meses, también vemos que las tasas reales continuarán negativas por los próximos meses”, resaltaron desde PUENTE.

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La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y licitación de la empresa estatal Intercargo, en el marco del plan oficial de privatizaciones.

La presentación judicial fue radicada este jueves y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, que resultó sorteado para intervenir en la causa. Según el escrito, se imputan los delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados a la determinación del precio base de venta de la compañía, según señalaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El eje de la denuncia: la valuación de Intercargo

El conflicto se centra en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo, que fijó un precio base para la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares. Esa cifra, según el sindicato denunciante, resulta “inexplicable” frente a los indicadores económicos recientes de la empresa.

De acuerdo con datos conocidos públicamente, Intercargo —la firma estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves en aeropuertos argentinos— ha mantenido resultados positivos en sus balances recientes y posee activos significativos. En el mercado aerocomercial, incluso, se ha mencionado que la compañía registra niveles de rentabilidad que la vuelven atractiva para inversores privados.

La tasación oficial que dio origen al precio base fue realizada por el BICE, utilizando el método de flujo de fondos descontados, una técnica habitual en procesos de valuation empresarial, según defendieron fuentes del Gobierno ante cuestionamientos. Sin embargo, desde APA cuestionan la elección de esa entidad para determinar el valor de la empresa, señalando que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición específica en tasaciones públicas.

Proceso de privatización y contexto político

La denuncia se inscribe en un contexto de fuerte controversia por la política de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, en cumplimiento de la llamada Ley Bases. Esa normativa habilitó la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual.

Intercargo es una empresa estratégica dentro del sistema aerocomercial argentino, ya que presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Además, formó parte de un esquema históricamente monopólico en ese segmento, aunque el Gobierno avanzó en la desregulación del sector habilitando a nuevos operadores.

El proceso de privatización prevé un cronograma abierto a oferentes nacionales e internacionales y contempla la transferencia total de la empresa, con exigencias operativas para garantizar la continuidad del servicio en el período de transición.

Cuestionamientos sindicales y advertencias

En su denuncia, la Asociación del Personal Aeronáutico sostuvo que la fijación del valor base de la empresa podría implicar un perjuicio económico para el Estado y denunció un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público”. También advirtió sobre el impacto que el proceso podría tener en el empleo, al señalar que Intercargo está vinculada a alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico, según estimaciones sindicales.

El gremio cuestionó además la decisión de asignar la tasación al BICE en lugar de otros organismos especializados y reclamó una investigación judicial sobre el proceso administrativo que derivó en el valor fijado para la licitación.

En ese marco, desde APA afirmaron que la denuncia busca “evitar una posible estafa al pueblo argentino” y anticiparon que impulsarán acciones tanto en el ámbito judicial como en el plano gremial.

Un conflicto que trasciende lo judicial

El caso abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los sindicatos del sector aerocomercial, que ya habían protagonizado conflictos en torno a la desregulación del sistema y las reformas impulsadas por la administración libertaria.

La causa judicial ahora en manos del fuero federal se suma a un debate más amplio sobre el rol del Estado en la economía, la valuación de activos públicos y el impacto de las privatizaciones en sectores estratégicos.__IP__

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sistema, los gremios advierten sobre los riesgos de una eventual subvaluación y pérdida de control sobre servicios clave.

El avance de la investigación será clave para determinar si el proceso de privatización de Intercargo se mantiene en los términos actuales o si enfrenta nuevas revisiones judiciales y políticas en las próximas semanas.

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El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que debió enfrentar un “intento de Golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”.

“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado“, dijo en el canal de streaming Neura, en referencia a lo sucedido el año pasado luego de que La Libertad Avanza ganó las elecciones legisaltivas porteñas.

También, el economista explicó que quiere que la inflación sea directamente 0 y repasó lo sucedido en el último año, que la suba de precios escaló. “Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea 0. La estabilización tuvo dos fases: primero cortar con a emisión derivada del déficit fiscal. Todo el mundo decía que era imposible hacer un recorte de 1 punto del PBI por año”.

“Pero lo logramos en un mes. Ahí hubo talento de Toto Caputo y su equipo sino el coraje para acompañarlo”, planteó. En ese marco, recordó: “Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de Gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts, las deudas de la SIRA. Cuando uno ve el gráfico… es imponente”.

“Nosotros odiamos la inflación. En otras experiencias, demandó de 7 a 12 años. Todo pintaba el año pasado para lograr el objetivo. Pero después de que Manuel gana las elecciones en la Ciudad, la política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios… jugaron en contra del programa y hubo un intento de golpe de Estado. Los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores… Nosotros ahí vimos que la demanda de dinero se estaba cayendo”, añadió.

Milei expuso que en ese marco “de todos los activos argentinos, cayeron los bonos. El riesgo país subió a 1500. Esa situación hizo que los precios peguen un salto. Hubo una aceleración inflacionaria”.

Y dijo que “la tasa de inflación, para tener una orden de magnitud, tuvo una corrida. La economía se frenó en seco. Entiendo la frustración de la gente. Porque la economía venía creciendo palo y palo… y no se dinamizó el mercado laboral y el salario cayó en términos reales. Hubo un problema de la estacionalidad y la guerra, un combo. Pero la demanda de dinero se está recomponiendo”.

Cuando le preguntaron por el futuro del Banco Central, que en campaña propuso eliminar, comentó: “La vida del BCRA se puede discutir. Y dijo que la emisión monetaria es un robo, una estafa de las más violentas que hay. Altera el sistema de funcionamiento de la economía”. __IP__

Repitió que pretende “una economía libre”, con “baja de impuestos”. “Esa es la idea. Lo que hizo Sturzenegger, de poder comprar bienes de materiales usados, es espectacular. Puede mejorar la productividad”, aseveró, con otro pronóstico: “Los dólares nos van a salir de las orejas”.

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El INDEC dio a conocer el dato de inflación de abril, el cual se desaceleró luego de 10 meses consecutivos al alza. En él, tuvieron incidencia distintos rubros que presionaron sobre el índice general.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Transporte fue la división que más subió en el cuarto mes del año. Con un aumento de 4,4%, se ubicó en el primer lugar.

Desde el organismo le atribuyeron esa suba al aumento de los combustibles. Desde que inició la guerra en Medio Oriente, se incrementaron más del 23% y estiman que todavía queda por trasladar una suba cercana al 15%.

El podio con las mayores alzas lo completaron Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%).

Del lado de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%) -por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar– y los precios Estacionales con una variación estable: tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensadas con las caídas en los precios de turismo y frutas.

Del otro lado, las divisiones que menor incidencia aportaron al IPC fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).__IP__

Se confirmó la desaceleración

Luego de diez meses en escalada, el IPC quebró la tendencia alcista y se ubicó en 2,6 %. Esto representó una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto a marzo (3,4 %).

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El mercado de créditos prendarios registró en abril un total de 30.954 prendas inscriptas en la Argentina, con una fuerte concentración en operaciones sobre autos 0 km, según consignó un informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

El 72% de las garantías prendarias correspondió a unidades nuevas, mientras que el 28% restante se vinculó a vehículos usados.

El informe detalló que durante abril se financiaron 21.945 vehículos 0 km y 9.009 usados, en un contexto de caída mensual en ambos segmentos respecto de marzo.

En el caso de los autos nuevos, las prendas representaron el 46% del total de patentamientos del mes, aunque mostraron una baja interanual del 14,5% frente a abril de 2025.

De acuerdo con el reporte, las Terminales de Ahorro y las Financieras de Marca concentraron cada una el 43% de las operaciones prendarias sobre 0 km en lo que va de 2026. Los bancos participaron con el 12% restante.

Entre las marcas con mayor participación de ventas financiadas sobre patentamientos aparecieron Fiat, Peugeot, Citroën y Nissan, con porcentajes superiores al promedio del mercado.

En el segmento de usados, el informe reflejó una caída más pronunciada. Las operaciones financiadas retrocedieron 31,9% interanual y representaron apenas el 5,8% del total de transferencias del mes.

Los bancos mantienen el liderazgo en el financiamiento de autos usados

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los bancos continuaron liderando el financiamiento de autos usados con el 37% de participación, seguidos por las empresas financieras con el 22% y las financieras de marca con el 15%.

El documento también mostró que durante 2026 aumentó la participación de las financieras de marca y mutuales en el mercado de usados, mientras que los bancos redujeron su peso frente al mismo período del año pasado.

El reporte fue elaborado por SIOMAA en conjunto con ACARA y analizó la evolución reciente del financiamiento automotor en la Argentina durante abril de 2026.

Fuente: NA

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l Tesla que el diputado libertario Manuel Quintar estacionó esta semana en el garage del Congreso hizo mucho más que llamar la atención por su estética futurista y su valor millonario. La camioneta eléctrica importada desde Estados Unidos terminó iluminando una trama incómoda para el oficialismo: denuncias de presunto direccionamiento de prestaciones del PAMI en Jujuy hacia clínicas y empresas vinculadas al legislador, su familia y su entorno político.

Pero Quintar posa sonriente frente al vehículo y hasta le ploteó su cuenta de Instagram. Asegura que lo compró con dinero de sus negocios privados para “hacer campaña” en la provincia, donde proyecta competir por la gobernación en 2027. “Es un cartel móvil”, dice. Habla relajado, minimiza las acusaciones, responsabiliza a “los radikukas” y hasta desafía a los periodistas: “¿Qué más quieren saber?”. Parece tener respuesta para todo.

Negocios en Jujuy

Empresario de la salud privada y presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Quintar quedó en el centro de acusaciones que lo señalan por mezclar intereses públicos y privados en una provincia donde las fronteras entre política, negocios y sistema sanitario aparecen cada vez más difusas.

La denuncia presentada ante la justicia federal jujeña por Facundo Pérez Ernst describe un entramado complejo de funcionarios nacionales y sociedades vinculadas al diputado. La causa quedó radicada en la fiscalía de Federico Zurueta. Según fuentes judiciales, Zurueta todavía no formalizó la investigación. En Jujuy rige el sistema acusatorio, un esquema que otorga mayor protagonismo a los fiscales en el impulso y desarrollo del expediente.

“El caso está en etapa de investigación previa a la formalización. Se ordenaron varias medidas de prueba. Algunas ya completadas y otras aún pendientes de cumplimiento”, explicó una fuente con acceso al expediente. “Son medidas de índole económico y patrimonial, otras relacionadas a vínculos entre empresas y organismos públicos”, sumó.

El titular local del PAMI, Evaristo Bautista -a quien dirigentes y empresarios provinciales identifican como excontador y asesor de empresas ligadas a Quintar, algo que el legislador niega-, es señalado como quien habilitó prestaciones y pagos a clínicas relacionadas con el grupo familiar.

Entre ellas aparecen la Clínica Los Lapachos, la Clínica San Francisco -propiedad de su esposa, Natalia Castillo Aurane– y la Cooperativa de Profesionales de la Salud.

También figura el titular de Migraciones en Jujuy, Roque Pereyra, quien actúa como apoderado legal de una de las firmas asociadas al entorno del diputado, la Clínica San Francisco. Para el denunciante, el esquema configuró un mecanismo de direccionamiento de recursos estatales hacia prestadores privados cercanos al legislador libertario.

Pereyra, además, es socio de Quintar en el estudio jurídico del legislador: Quintar y Asociados.

Quintar, abogado de profesión, integra una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en Jujuy. Su principal activo es el sanatorio Los Lapachos, en San Salvador, una clínica que durante años funcionó bajo el nombre “Sanatorio Quintar”, fundada por su padre y uno de sus tíos médicos en la década del noventa, en pleno auge de la medicina privada.

El cambio de nombre llegó en 2012, después de una etapa marcada por conflictos sindicales, denuncias, juicios por mala praxis y una reestructuración empresaria que permitió mantener operativa la clínica bajo una nueva razón social. “La quebraron varias veces para no pagar”, resume un dirigente político jujeño que siguió de cerca el derrotero de la empresa.

Los Lapachos también quedó asociada a las internaciones de Milagro Sala, en medio de las causas judiciales que enfrentó la dirigente de la Tupac Amaru. El expresidente Alberto Fernández la visitó en ese sanatorio, en 2022, para respaldarla políticamente.

Del PJ a LLA

Para entonces, el apellido Quintar ya orbitaba el peronismo provincial. Manuel Quintar había integrado en 2021 la lista de candidatos del Frente de Todos impulsada por Rubén Rivarola – titular del PJ local hasta su intervención en 2023-, cuando quedó cerca de ingresar a la Legislatura jujeña.

Nunca ocupó cargos relevantes dentro del PJ, pero era conocido en la política local por sus vínculos con el sector empresario de la salud. Con el ascenso de Javier Milei, sin embargo, recalculó. Se incorporó a La Libertad Avanza (LLA) y logró un lugar en la lista de diputados nacionales avalado por el entonces operador territorial Carlos Kikuchi y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. Hoy, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldarlo ante el revuelo que generó la aparición de su Tesla en el Congreso. El sobrino del expresidente dijo que el legislador “puede manejar el auto que quiera” y negó que haya un supuesto malestar interno por su gesto ostentoso. Milei reposteó el mensaje de Menem en la red social “X”.

“Me fui del PJ cuando me di cuenta de lo que eran”, se justifica hoy Quintar.

La denuncia en su contra sostiene que, ya como diputado nacional, ese entramado de vínculos políticos comenzó a convivir con los negocios privados de su entorno familiar. Según el escrito judicial, clínicas y sociedades vinculadas a Quintar lograron habilitaciones y prestaciones ante el PAMI Jujuy bajo la gestión de funcionarios ligados al legislador.

Una de ellas es la Clínica San Francisco, donde figura como accionista su esposa, Castillo Aurane. Allí aparece como apoderado legal Roque Pereyra, actual titular de Migraciones en Jujuy.

La denuncia también pone el foco sobre la Cooperativa de Profesionales de la Salud, creada en 2003 y reactivada en 2024, que incorporó nuevas autoridades y obtuvo poco después autorización para prestar servicios a la obra social de los jubilados. Entre quienes quedaron vinculados a la estructura figura una prima del legislador, Analía Quintar, como apoderada.

El otro nombre central es el de Evaristo Bautista, titular del PAMI Jujuy, presuntamente ligado a las sociedades del legislador. La denuncia sostiene que desde su cargo habría facilitado habilitaciones y pagos para los prestadores asociados al entorno del legislador. “Es mentira. No tuvo ninguna vinculación con mis empresas. Es contador y asesora a muchas empresas de la provincia”, respondió Quintar ante la consulta de LA NACION.

En Jujuy, empresarios del sector médico aseguran que el malestar con Quintar creció en los últimos meses. Mencionan diferencias en los topes de prestaciones autorizadas a cada institución para evitar maniobras de sobrefacturación mediante estudios inexistentes o simulados. Según relatan fuentes del sector, mientras otros centros privados enfrentaban límites estrictos para facturar estudios clínicos y diagnósticos por imágenes, gran parte de las prestaciones excedentes terminaban derivadas hacia Los Lapachos.

Hay otro episodio que alimentó las sospechas en la provincia. A comienzos de 2025, en el marco de las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados para revalidar sus prestaciones justamente en Los Lapachos, la clínica vinculada a la familia Quintar.

Es decir: el mismo Gobierno que impulsaba auditorías masivas sobre presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad derivaba esos controles a una clínica ligada a uno de sus propios dirigentes políticos.

Quintar rechaza esas acusaciones y asegura que su clínica opera bajo los mismos parámetros que el resto de los prestadores. “Todo parte de operaciones de los radicales jujeños en connivencia con el kirchnerismo”, responde.

En el ecosistema político que rodea al diputado también aparecen otros nombres con pasado peronista. Uno de ellos es Luis Miranda, designado por el Gobierno como titular de la CNRT en Jujuy. Excomisario, gremialista de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios(Fasipp) y operador político de larga trayectoria en la provincia, Miranda estuvo detenido a comienzos de los 2000 en una causa vinculada a autos gemelos: vehículos robados cuya documentación, patentes y numeración de motor o chasis eran adulteradas para reinsertarlos en el mercado como unidades legales. Su nombre circula en Jujuy como parte del entramado político que acompañó el desembarco libertario en la provincia.

El apellido Quintar también tiene peso político fuera de Jujuy. Su hermana, Alba Quintar, participó el año pasado en Salta de un armado libertario paralelo al oficial, alineado con la senadora Emilia Orozco. Durante la campaña reivindicó las ideas de Milei y prometió “recortar el Estado”, aunque desde LLA la acusaban de fragmentar la oferta libertaria y jugar en favor del gobernador Gustavo Sáenz. Tras las elecciones, terminó incorporándose al gobierno salteño como coordinadora de consumos problemáticos.

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Mercado Libre dio un paso estratégico en la transformación del comercio electrónico en Argentina al incorporar por primera vez, a partir de un acuerdo con Aerolíneas Argentinas. el transporte aéreo dentro de su red logística local.

La iniciativa apunta directamente a uno de los principales desafíos del sector: la distribución en zonas alejadas, especialmente en la Patagonia, donde históricamente los tiempos de entrega fueron más extensos que en el resto del país, según indicaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Con este nuevo esquema, la compañía promete envíos en hasta 48 horas a destinos clave del sur argentino, como Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew, redefiniendo los estándares logísticos en una región caracterizada por sus dificultades geográficas y de conectividad.

Un salto logístico para el sur del país

La nueva operación aérea permitirá trasladar entre 15.000 y 16.000 paquetes diarios, con cinco frecuencias semanales, consolidando un esquema de distribución más ágil y eficiente. Esto implica un cambio sustancial en la experiencia de compra para miles de usuarios patagónicos, que hasta ahora enfrentaban demoras significativamente mayores que en otras regiones.

La Patagonia, debido a sus grandes distancias, condiciones climáticas y menor densidad poblacional, ha sido históricamente uno de los territorios más complejos para el desarrollo del comercio electrónico. Con esta expansión, Mercado Libre busca reducir esa brecha y equiparar el acceso a bienes y servicios en todo el país.

Según explicó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, el objetivo es eliminar barreras geográficas: “La Patagonia siempre presentó desafíos logísticos enormes para el comercio electrónico. Con esta expansión buscamos reducir esos tiempos de entrega y mejorar el acceso a millones de productos para usuarios y vendedores del sur del país”.

Un modelo híbrido: vuelos comerciales y cargueros

El nuevo esquema logístico combina distintos formatos para maximizar la eficiencia. El uso de bodegas en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, especialmente para destinos como Ushuaia y Bariloche. Este modelo aprovecha la red aérea existente para acelerar la distribución sin necesidad de desplegar infraestructuras propias en todos los casos.

También contempla operaciones con aviones cargueros exclusivos, en alianza con Aerolíneas Argentinas, para rutas hacia Neuquén y Trelew. Este sistema forma parte de una red doméstica de carga que la empresa consolidó junto al operador logístico Innova Logistic, tras un piloto iniciado en septiembre de 2025.

Este enfoque dual permite a la compañía adaptarse a las características de cada destino y optimizar costos y tiempos de entrega.

Inversión en infraestructura y federalización logística

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es el impacto en la infraestructura logística nacional. La iniciativa impulsó el desarrollo de nuevas terminales de carga aérea en Neuquén y Trelew, fortaleciendo el circuito logístico regional y habilitando nuevas operaciones desde el hub principal en Ezeiza.__IP__

Este despliegue forma parte de una estrategia más amplia de Mercado Libre para federalizar su red logística, es decir, ampliar la cobertura fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y consolidar un sistema más equitativo en términos territoriales.

La compañía ya anticipó que seguirá evaluando nuevas oportunidades para ampliar su red aérea y profundizar su estrategia de cobertura federal.

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