El Diputado Provincial presenta Varios Proyectosw ante la Cámara de Diputados del la Ciudad.-

El Dip. Provincial Carlos Del Frade psentó varios proyectos ante la camara de Diputados

PROYECTO: 53 AEROPUERTOS ISLAS
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, implemente las medidas necesarias para mantener los 53 puestos laborales del área limpieza en el Aeropuerto Islas
Malvinas, de la ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, hasta septiembre de 2020, cuando debe hacerse cargo la nueva empresa prestataria del servicio.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, en la ciudad cabecera del departamento homónimo, decidió prescindir de los servicios de la empresa Pastrana que, desde hace años, viene llevando adelante las tareas de limpieza tanto en el interior como en
las pistas del lugar a través del trabajo de 53 personas.
Aduciendo recortes presupuestarios, el ente adelanta el proceso de licitación que debe
hacerse en septiembre de 2020 y lo resolvió en junio a favor de la firma “Señor Perkins”
de la mencionada ciudad.
El problema es que se pierdan gran parte de los puestos laborales en medio de la pandemia y la vigencia de decretos nacionales que prohíben, justamente, los despidos.
Más allá de las conversaciones y reuniones mantenidas en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de la provincia es fundamental encontrar una salida política para el mantenimiento de los puestos laborales para estas 53 familias por lo menos hasta la fecha de
finalización original del contrato, es decir septiembre de 2020.
Por estas razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.

PROYECTO: RESCATE A VICENTIN
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe los detalles y potenciales
beneficios del fideicomiso propuesto a los directivos de la empresa Vicentín en el marco
del concurso preventivo de acreedores iniciado en febrero de 2020 en el juzgado civil y
comercial número 2 de Reconquista, ciudad cabecera del departamento General Obligado. Los principales puntos a responder son los siguientes:
Explicación detallada de los puntos del fideicomiso ofrecido por el gobierno de la provincia de Santa Fe a los representantes de la empresa Vicentín en la reunión del miércoles 15 de julio de 2020 en el juzgado civil y comercial número de Reconquista.
Si el gobierno de la provincia cree que es ético ofrecer soluciones a directivos como el
señor Máximo Padoán, inhibido de sus bienes por haber estafado al estado argentino por
haber transferido dineros del Banco Nación a sus cuentas particulares entre agosto y
diciembre de 2019.
Si el gobierno de la provincia tiene estimado el volumen del dinero que aportará para
estos directivos de Vicentín en los próximos meses en caso de acordarse este proyecto.
Si el gobierno de la provincia sabe quién llevará adelante la conducción del fideicomiso.
Si el gobierno de la provincia ya estableció la identidad de los actores privados que
formarán parte del fideicomiso de salvataje de estos empresarios que vaciaron Vicentín
tal como se demuestra en la auditoría del Banco de la Nación Argentina, nudo del argumento del dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita del pasado 8 de julio de 2020.
Si el gobierno de la provincia ya se garantizó el pago de las deudas que tiene Vicentín
con la Administración Provincial de Impuestos.
Si el gobierno de la provincia ya sabe qué tipo de operaciones se realizaron en el puerto
de Reconquista, explotado por la empresa Río Norte SA desde 2004 en adelante.

Si el gobierno de la provincia archivó el informe de las irregularidades detectadas por la
Inspección General de Personas Jurídicas en el manejo de estos empresarios de Vicentín.
Si el gobierno sabe o le consta que la empresa pagará sus deudas con los productores
afectados por la estafa perpetrada.
Si el gobierno sabe o le consta que la empresa repatriará los por lo menos 400 millones
de dólares que giró al extranjero entre agosto y diciembre de 2019.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Mientras las causas penales contra los directivos de la empresa Vicentín no paran de
suministrar información profusa y contundente del deliberado proceso de vaciamiento,
lavado y fuga de dinero, el gobierno de la provincia de Santa Fe, el pasado miércoles 15
de julio de 2020, propuso en la sede del juzgado civil y comercial número dos de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, un plan de salvataje
a partir de un fideicomiso, muy lejos de la propuesta original del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, del lunes 8 de junio del mismo año.

La Auditoría del Banco Nación permitió conocer que la empresa tuvo 795 millones de
dólares en sus cuentas de la sucursal Reconquista entre agosto y diciembre de 2019 y
que esos fenomenales montos de dinero se canalizaron en 1.418 transferencias bancarias
destinadas a cuentas personales de sus directivos.
Entre ellos, Máximo Padoán, por lo cual tiene un pedido de inhibición de sus bienes por
haberse llevado dineros del pueblo, dineros del Banco Nación, para sus cuentas personales, para sus bolsillos.
Este señor Padoán fue el que se reunió con el secretario de justicia de la provincia de
Santa Fe, Gabriel Somaglia y acordaron avanzar en un plan de salvataje de la empresa a
partir de la figura de un fideicomiso.
De acuerdo a las informaciones de los medios de comunicación “tras un intercambio de
posiciones de casi dos horas, las partes coincidieron en la necesidad de empezar a diseñar un fideicomiso con los activos de la cerealera para evitar su desplome final”.
“Vicentin reconoció una crisis económica y de confianza. Nosotros expresamos el interés público en evitar la caída de una compañía de esta envergadura y que siempre es
prioritario encontrar una salida consensuada, en este caso a través de un fideicomiso”,
aseguró La Capital el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, apenas finalizada la reunión conciliatoria.
“A partir de ahora se abre un canal de diálogo directo (entre el Ejecutivo santafesino y
Vicentin) y el 30 de julio próximo volveremos a reunirnos con el juez para interiorizarlo
sobre los avances en las negociaciones”, afirmó Somaglia.
Por lo pronto, el fideicomiso que despunta abarcaría a acreedores, accionistas e inversores al frente de la empresa, mientras que los actuales directivos deberían dar un paso al
costado, según deslizaron anoche en la Gobernación. También jugarían un rol preponderante las cooperativas y la banca pública y privada, que engrosan la lista de reclamantes.
Pasadas las 17.30, ingresaron al despacho del magistrado Daniel Buyatti (presidente del
directorio de Vicentin), Máximo Padoán (accionista) y Guido Ferullo (abogado de la
firma). Lo propio hicieron la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas
(IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, y Somaglia, como también los síndicos Ernesto García, Carlos Amut y Diego Telesco y un representante de la otrora intervención
decretada por la Nación, devenida en una veeduría.
En ese contexto, Santa Fe revalidó su pedido de intervención para evitar la quiebra de la
agroexportadora y, al mismo tiempo, avanzar con un plan de salvataje que eluda la expropiación propiciada en su momento por la Casa Rosada. E insistió en que los actuales
administradores no están en condiciones de continuar al frente de la misma ya que fueron los que la llevaron al default.

“Fue una reunión auspiciosa. Estamos frente a un camino que, esperemos, nos lleve a un
buen resultado”, aseveró Padoán al retirarse del juzgado de la ciudad ubicada en el departamento General Obligado.
Es imprescindible, de parte del gobierno provincial, conocer qué garantía tiene de parte
de estos empresarios de honrar las deudas contraídas y, por otro lado, es prioritario saber qué pone la provincia de Santa Fe para este esquema de fideicomiso.
Mientras el recorte presupuestario abunda en distintos sectores del estado provincial,
salvar a estos empresarios que fugaron capitales, estafaron al pueblo argentino a través
de la privatización de los fondos del Banco Nación, es una decisión que debe explicarse
de manera cuidadosa y con detalles.
Si no, indefectiblemente, volveremos a ver la repetida película de un estado bobo y
cómplice al servicio de delincuentes de guante blanco.
Por estas razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.

PROYECTO: TRASANTE

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su repudio ante el
asesinato del pastor y ex concejal de Ciudad Futura, Eduardo Trasante, de la ciudad de
Rosario, cabecera del departamento homónimo, ocurrido el martes 14 de julio de 2020
en su domicilio de calle San Nicolás al 3600.
Más allá de las investigaciones judiciales, el mensaje del asesinato de Eduardo es
mafioso y político y apunta al corazón de la democracia santafesina.
Este cuerpo insta a la continuidad de la construcción de una política pública de
seguridad democrática que incluya a todas las fuerzas políticas y que acuerde en la
necesidad de trabajar en pos de por lo menos tres objetivos básicos: disminución de la
circulación de armas, impulsar las investigaciones por lavado de dinero y redoblar los
esfuerzos para eliminar, definitivamente, los nichos de corrupción de la policía
provincial.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Pastor Evangelista Eduardo Trasante fue asesinado en su domicilio particular de San
Nicolás al 3600 en la ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, en la
tarde del martes 14 de julio de 2020.
Había sido concejal de Ciudad Futura entre 2017 y 2018 y durante años dedicó su vida
y militancia a la lucha, absolutamente desigual, contra la captación de chicas y chicos de
parte de las bandas narcopoliciales.
El primero de enero de 2012 fue asesinado su hijo Jeremías, en lo que se conoció como
el triple crimen de Villa Moreno y en febrero de 2014, Jairo, otro de sus hijos, también
resultó muerto a la salida de un boliche del centro rosarino.
A pesar de semejantes e inimaginables dolores, Eduardo siguió predicando por la paz y
la justicia social.
Se convirtió en concejal de la ciudad de Rosario y en los últimos meses trabajaba
intensamente con su comunidad tratando de mitigar el hambre entre los sectores
populares en medio de la pandemia del COVID 19.
Las precisas municiones 9 milímetros que le arrancaron su vida tenían distintos
objetivos, algunos desconocidos sobre los cuales está trabajando la justicia y otro,
evidente, concreto y palpable: un mensaje mafioso y político al conjunto de la sociedad
rosarina, en primer lugar y santafesina, en general.
No hay en la historia contemporánea un hecho de asesinato a un ex concejal en la
ciudad de Rosario.
Ese antecedente marca un límite que ya fue superado.
El dolor y la conmoción que genera semejante asesinato no solamente merece la acción
de la justicia, sino también de la política para generar una acción decidida en pos de
lograr algo de tranquilidad para la gente que vive en cada rincón de la fenomenal
geografía santafesina.
Proponemos que haya un documento inicial, refrendado por todos los sectores políticos,
que a partir de tres ejes reúna a todas las personas que puedan aportar experiencias y
conocimientos para generar un pacto de convivencia santafesina democrática.
Tres ejes que, a nuestro entender, son la disminución de las armas, la persecución del
lavado de dinero y la eliminación de los nichos corruptos de las fuerzas policiales.

En la historia de la democracia argentina, próxima a cumplir 37 años, todavía no se han
podido democratizar las fuerzas de seguridad.
Es hora de hacerlo y es una tarea de todas las fuerzas políticas y todos los poderes de la
república, no solamente de los ejecutivos.
Por estas razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de
Declaración.

PROYECTO : “Stericycle”
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe qué controles se están
haciendo sobre las actividades que realiza la planta de tratamientos de residuos
hospitalarios e industriales “Stericycle”, de origen norteamericano, en la ciudad de
Rosario, cabecera del departamento homónimo, teniendo en cuenta que trae residuos
hospitalarios de la provincia de Chaco donde, lamentablemente, abundan casos de
COVID 19.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
“Stericycle” es una empresa de origen norteamericano y que cotiza en la Bolsa de
Nueva York, dedicada al tratamiento de residuos hospitalarios e industriales, desde hace
muchos años.
Está radicada en Rosario y en la provincia a través de la empresa Soma, ejerciendo una
posición dominante al momento de fijar precios y cantidades que los hospitales deben
pagar por sus servicios.

La Organización No Gubernamental “Inquietudes Ciudadanas” denunció las prácticas
de esta empresa ante la llamada Unidad Fiscal de Investigación sobre Medio Ambiente
porque no estarían dando el tratamiento adecuado a los residuos.
La mencionada entidad, presidida por el doctor Mario Capparelli, sostiene que los
hornos de las compañías Tri Eco, Recovering y Stericycle Argentina, ubicada en Dock
Sud, Campana y Marcos Paz, respectivamente, no funcionan desde el año 2006.
Lo curioso es que las empresas emiten certificados de destrucción por incineración pero
no se sabe el destino de los residuos.
En Rosario, la planta de la empresa recibe residuos hospitalarios de la provincia del
Chaco, uno de los estados con mayor cantidad de casos de COVID 19.
De allí la necesidad de saber qué controles se están haciendo de parte de la provincia
sobre las formas de trabajo de la empresa.
Por tales motivos les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de
Comunicación.

PROYECTO: JOROCITA
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe qué medidas se están tomando con las toneladas de jarosita (residuos peligrosos) dejados por la empresa Glencore a la vera del río Paraná, en la planta de la ex Sulfacid que explotaba en Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo, hasta el año 2016.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La empresa Glencore, una de las principales socias de Vicentín en la explotación de la
planta de Renova en Timbúes, fue la responsable del cierre de Ar Zinc, ex Sulfacid, en
el año 2016, dejando a más de 130 trabajadores en la calle, en la ciudad de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo.
Pero además dejó un pasivo ambiental muy grande, toneladas de un residuo llamado
jarosita que, además, contiene metales pesados, plomo, cadmio y mercurio, entre otros.
Desde 1975 hasta los años noventa, la jarosita fue dejada a cielo abierto en los depósitos
“A”, “B” y “C”, cuando comenzó a ser llevada a rellenos de seguridad para evitar el
impacto ambiental, aprobados por las áreas ambientales provinciales y construidos y
operados por la misma empresa.
Durante más de veinte años, entonces, la jarosita fue depositada a la vera del río Paraná

A pesar del cierre en el año 2016, los primeros trabajos para retirar los residuos peligrosos comenzaron en 2018 y recién un año después la empresa presentó el llamado Plan
de Cierre y Remediación del principal pasivo, el depósito a cielo abierto de jarosita.
Hoy preocupa la contaminación y, por otro lado, el nivel de estabilidad de la barranca.
El Plan de Cierre y Remediación proponía tapar con un film de polietileno la montaña
de jarosita para evitar que el agua de lluvia sobre la misma pero no evitaba el contacto
con el suelo y las napas de agua.
No fue aprobado y no hay indicio alguno que la situación se haya modificado.
Si, en cambio, hay indicios de contaminación en las napas.
El depósito de la jarosita llega hasta diez metros de profundidad y si llegara a producirse
un derrumbe, ese material contaminante iría a parar a las aguas del Paraná.
Glencore tiene que hacerse cargo de semejante pasivo ambiental.
Por eso es necesario saber si Glencore presentó un proyecto de cierre y remediación
superador al anterior que fue rechazado.
Y si no lo hizo, es imprescindible conocer qué medidas tomó el Ministerio de Medio
Ambiente para que efectivamente presente ese plan.
Por tales razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
REGISTRO PROVINCIAL DE PUERTOS

Artículo 1: OBJETO. Créase el “Registro Provincial de Puertos” con el fin de contar
con una herramienta que brinde información para mejorar el control, la fiscalización y el
seguimiento de la actividad portuaria dentro de los límites de la provincia de Santa Fe,
todo ello de acuerdo a la legislación nacional y provincial en la materia.
Artículo 2: FUNCIONES. Tendrá las funciones de registrar cuestiones dominiales y
catastrales; infraestructura, actividad productiva y comercial, empleados en relación de
dependencia y/o a través de tercerización de todos los puertos privados y públicos. Estos últimos, lo harán a través de las/os representantes de la provincia en los Entes Administrativos de los puertos de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y
Reconquista.
Artículo 3: PUERTOS. DENOMINACION. Según Ley Nacional 24.093/92 en su TITULO I Art. 2°: “Denomínanse puertos a los ámbitos acuáticos y terrestres naturales o
artificiales e instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque
y permanencia en buques o artefactos navales para efectuar operaciones de transferencia
de cargas entre los modos de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque
de pasajeros, y demás servicios que puedan ser prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros y cargas. Quedan comprendidas dentro del régimen de esta ley las plataformas fijas o flotantes para alijo o completamiento de cargas”.
Artículo 4: PUERTOS. DE SU CLASIFICACIÓN. Según Ley 24.093/92, Art. 7°, los
puertos se clasificarán:
a) Según la titularidad del inmueble: Nacionales, Provinciales, Municipales, De los particulares
b) Según su uso: Uso público: Son considerados puertos de uso público: aquellos que,
por su ubicación y características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera. Uso privado: Son considerados puertos de uso privado: aquellos que, ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de mercaderías, en forma restringida a las propias necesidades de sus titulares o
las de terceros vinculados contractualmente con ellos. Dicha actividad se desarrollará
dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios como de admisión
de usuarios.
c) Según su destino, e independientemente de la titularidad del dominio del inmueble y
de su uso. Comerciales: Se consideran puertos comerciales, aquellos cuyos destinos es
la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio por tales servicios. Industriales: Son considerados puertos industriales, aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso industrial, extractivo o de captura de-

biendo existir una integración operativa entre la actividad principal de la industria y el
puerto. Recreativos en general: Son considerados puertos recreativos en general, los
deportivos, científicos o turísticos locales.
Artículo 5. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será el Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a los fines de llevar adelante el registro, control y fiscalización sobre la totalidad de la actividad portuaria que se desarrolla en la provincia.
Artículo 6. Comuníquese al Poder Ejecutivo
CARLOS DEL FRADE
Diputado Provincial
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Santa Fe es la principal provincia portuaria del país. Su geografía se encuentra surcada
por uno de los canales fluviales más caudalosos e importantes del mundo: el río Paraná.
Éste la atraviesa, de Norte a Sur recorriendo el margen este de la “bota” y representa
uno de los componentes centrales de la denominada Cuenca del Plata que, como conjunto hidrográfico, desemboca en el Río de la Plata y, por intermedio de este, en el Océano
Atlántico. La mayoría de estos cursos son navegables por buques de distintos portes y
casi todos ellos por barcazas.
Es conocida las riquezas que se producen en la provincia. Cereales, oleaginosas, carne,
leche, arroz, sumado a productos industriales (desde la petroquímica, combustibles, automotores, pasando por el algodón, la madera, el cuero, etc). Pero este modelo productivo exportador (por donde pasa parte de la producción de toda América Latina) se concentra en un embudo conformado en un tramo de 92km, por el polo reducido de empresas asentadas desde Villa Constitución hasta Puerto Gral. San Martín. El 88% de las
agro-exportaciones salen de ese polo caracterizado por el oligopolio extranjero que lo
controla entre Cofco (China), Cargill (EEUU), Dreyfus (Francia), Bunge (EEUU) por
nombrar las principales. Exportaron por U$D 30 mil millones en 2019 y controlan así el
ingreso de divisas (USD 2 de cada 3 que ingresan al país).
El actual estado de la política portuaria -con la importancia que la misma tiene por la
vinculación con el comercio exterior- fue delineada primigeniamente por la dictadura
militar asociada al capital transnacional, consagrada y luego profundizada durante el
menemismo en lo que ha sido un inédito mecanismo de entrega de soberanía. Por lo

tanto, sigue siendo una deuda pendiente desde el punto de vista de los intereses nacionales empezar a poner en discusión el rol estratégico del sistema portuario, así como también, el rol activo que el Estado provincial debe tener en el mismo.
Hemos presentado diferentes proyectos para regular las funciones de los puertos privados (reiterando que mayoritariamente son de bandera extranjera), aumentar la carga
impositiva sobre las millonarias ganancias que obtienen de nuestras riquezas y recursos
provinciales. Hemos trabajado en fortalecer el peso de los representantes del Estado en
los Entes administrativos de los puertos públicos de la provincia como (Rosario, Santa
Fe, Villa Constitución y Reconquista) y, en esta ocasión, planteamos la necesidad y urgencia de conformar un Registro Provincial de Puertos privados y públicos asentados en
el territorio provincial.
Según desarrolla en su página oficial, “el Gobierno de la Provincia de Santa Fe tiene
entre sus funciones el compromiso de entender en la política provincial de administración portuaria, coordinando con los organismos pertinentes la aplicación y orientación
de la política nacional en la materia. Las mencionadas funciones están consignadas en el
artículo 26 de la Ley Provincial 12817, y es por ello que la consolidación de un Sistema
Portuario Provincial se convierte en el espacio adecuado para articular las políticas portuarias y de logística que propicien el efectivo desarrollo productivo la región (…) El
Sistema Portuario Provincial tendrá como uno de los principales eje de acción la coordinación y supervisión de los cuatro puertos públicos (Reconquista, Santa Fe, Rosario y
Villa Constitución) y el Ente Túnel Subfluvial. Santa Fe posee uno de los sistemas portuarios más importantes de América Latina para buques de ultramar en la Hidrovía Paraná – Paraguay.(…) La consolidación de este Sistema Portuario Provincial es imprescindible teniendo en cuenta que Santa Fe cuenta con un marco de inigualable proyección geográfica y geopolítica por estar situada en la Hidrovía Paraná – Paraguay y con
un frente fluvial de 849 km”.
Existe una fuerte contradicción entre tales objetivos, la conocida potencialidad de la
actividad portuaria industrial santafesina y la inexistencia de un Registro Provincial que
le permita al Estado un verdadero plan integral asentado en el conocimiento que le brindaría el control, fiscalización y seguimiento de la actividad portuaria. La necesidad del
Poder Ejecutivo provincial de intervenir el Ente Portuario de que administra el puerto de
Reconquista, da muestras claras de la falta de control estatal en los mismos.
Si a ese estado actual de situación le agregamos que la administración nacional del gobierno de Mauricio Macri debilitó los mecanismos de control que ejercía el SENASA
(motivo que significó una denuncia penal realizada por este legislador), podemos asegurar que el Estado se encuentra cada vez más debilitado en sus funciones de control y
planificación de la actividad. Y es nuestro objetivo fortalecerlo, dotándolo de más y
mejores herramientas para pensar en un proyecto de soberanía.
Por estas razones, solicito a mis pares acompañen este proyecto de Ley

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
MODIFICACIÓN LEY N°11.011

ARTÍCULO 1 – OBJETO. Modifícase los Artículos 2, 3, 5 y 16 de la Ley N°11.011/93
de “Creación de los Entes Portuarios de Santa Fe y Rosario”.
ARTÍCULO 2 – Modifíquese el Art.2 de la Ley 11.011/93 quedando redactado de la
siguiente manera:
Artículo N°2. Cada uno de los Entes, estará dirigido por un Consejo Directivo de hasta
cinco (5) miembros, integrado por un/a representante de la Provincia, uno/a por cada
respectivo municipio y tres (3) de cada uno de los sectores de actividades vinculadas al
quehacer portuario con personería jurídica o gremial, conforme lo establece el artículo
12 de la Ley Nacional 24.093 y su reglamentación, según las características operativas
de cada puerto. Deberán estar contemplados, sin excepción, representantes gremiales de
trabajadores/as del sector. El Consejo Directivo se renovará cada dos (2) años, manteniéndose la composición por sectores de conformidad con lo que establezca el respectivo Estatuto.
ARTÍCULO 3. Modifíquese el Art.3 de la Ley 11.011/93 quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo N°3. DE LAS/OS REPRESENTANTES EN EL EAPSF
Inc. a) DEL SECTOR ESTATAL El/La representante del Estado provincial será propuesto por éste y deberá prestar conformidad la legislatura provincial; igual procedimiento llevará a cabo el/la representante del Municipio correspondiente con aval y conformidad de los respectivos Concejos Deliberante.
Inc. b) DEL SECTOR PRIVADO Las/os representantes del sector privado serán electas/os por cada sector de conformidad a las condiciones que los estatutos establezcan.
ARTÍCULO 4: Modifíquese el Art.5 de la Ley 11.011/93 quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo N°5. Los Entes referidos en el artículo 1 serán presididos por el/la representante de la provincia, quien deberá tener domicilio en la ciudad del puerto respectivo con
una residencia mínima de dos años anteriores a la fecha de su designación. El voto de
las/os representantes estatales será de carácter decisivo valiendo el doble.
ARTÍCULO 5: Modifíquese el Art.16 de la Ley 11.011/93 quedando redactado de la
siguiente manera:

Artículo N°16. La fiscalización será ejercida por una sindicatura cuya constitución y
régimen de funcionamiento se establecerá en los respectivos estatutos. Los miembros de
la sindicatura no podrán tener relación de dependencia ni intereses comunes con alguna
de las instituciones integrantes del Consejo Directivo. Deberán presentar registros contables y de las operaciones realizadas para las cuestiones de su competencia a la Autoridad nacional de aplicación, al Tribunal de Cuentas provincial y de los municipios correspondientes.
Artículo 6. Comuníquese al Poder Ejecutivo

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Hace 28 años las/os argentinas/os asistimos a una de las mayores estafas perpetradas
contra el patrimonio del Estado Nacional: la reforma del Estado que llevó adelante Carlos Menem y su par en nuestra provincia Carlos Reutemann. Esa Reforma tuvo como
epicentro la privatización de empresas estatales. Se privatizaron en un lapso de dos años
(1992-1994) más de 70 empresas estatales, entre ellas la Administración General de
Puertos.
Si bien el proceso de desregulación y privatización del sistema portuario Argentino se
concreta con la sanción de la Ley N°24.093 de “Actividades portuarias” en el año 1992
-aún vigente-, su origen lo ubicamos en el modelo económico impuesto por la última
dictadura militar. Tal es así que en el año 1978 el gobierno de facto, mediante la Ley
N°22.108, habilita con un régimen legal precario las terminales portuarias privadas ubicadas en el tramo inferior del Paraná, concentrándose en 70 km entre las localidades de
Timbúes y Arroyo Seco. Estas nuevas terminales privadas rápidamente absorben la mayor parte del tráfico de cereales, desplazando a la Junta Nacional de Granos que hasta

ese momento era el único ente autorizado a realizar dicha actividad. A la cabeza de esta
avanzada contra los intereses nacionales estuvieron las multinacionales Nidera y Cargill.
Estamos en condiciones de afirmar que el actual estado de la política portuaria -con la
importancia que la misma tiene por la vinculación con el comercio exterior- fue delineada primigeniamente por la dictadura militar asociada al capital transnacional, consagrada y profundizada durante el menemismo. Por lo tanto sigue siendo una deuda pendiente desde el punto de vista de los intereses nacionales empezar a poner en discusión
el rol estratégico del sistema portuario, así como también el rol activo que el Estado
provincial debe tener en el mismo.
Ahora bien, en función del objeto del presente proyecto de Ley es preciso historiar un
poco más sobre el andamiaje normativo de la actividad portuaria.
La ofensiva privatizadora en el marco general de liberalización o desregulación de la
economía Argentina se sustanció en la actividad portuaria por la suspensión de los gravámenes sobre los fletes de exportación e importación, la liberalización del mercado de
fletes cautivos y se deja sin efecto las leyes de reserva de carga que se aplicaban al tráfico de ultramar. En resumen, los ejes centrales de la normativa portuaria fueron la descentralización/provincialización y la privatización de la gestión operativa concesionando las terminales y la prestación de servicios portuarios.
De lo arriba expuesto podemos deducir que convergieron la por un lado liberalización
de la actividad portuaria y por otro la limitación de la participación del Estado al mínimo posible en la operación de los puertos en los que conservó su propiedad.
La Ley nacional N° 24.093 -que actualmente regula la actividad portuaria- dispuso la
transferencia a las Provincias el dominio y explotación de los puertos del Estado Nacional que estuvieran emplazados en sus territorios. Para los casos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe dicha transferencia se dio a condición de que
previamente se constituyeran sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que asumieran la administración de cada uno de estos puertos.
En nuestra provincia, acorde a los lineamientos de la misma, se constituyeron mediante
la Ley provincial N° 11.011, los “Entes administradores Puerto Santa Fe y Puerto Rosario” para regular su administración, funcionamiento y explotación.
Como mencionamos más arriba, en los casos que el Estado preservó el dominio de sus
puertos, la legislación privatizadora garantizó que en la administración mediante la
creación de Entes autónomos se reduzca al mínimo posible la intervención estatal. Con
esta idea rectora es que se diseñó la composición de los Entes portuarios y es lo que
intenta poner en discusión el presente proyecto de ley con la modificación de los artículos 2, 3, 5 y 16 de la Ley provincial N°11.011.

En este sentido proponemos la modificación del artículo 2 referidos a la composición de
los Entes Portuarios en favor de la participación del Estado provincial y municipal. Estableciendo la reducción de 9 (nueve) a 5 (cinco) miembros en la composición del Consejo Directivo de los Entes garantizando sin excepción la participación de los/as trabajadores/as.
A su vez, el presente proyecto pretende la modificación del artículo 3 con el objetivo de
otorgar mayor transparencia, democracia y legitimidad a los mecanismos por los cuales
el Ejecutivo provincial y municipal designan a sus representantes en dichos Entes; por
lo tanto consideramos que los mismos deben ser puestos a consideración del Poder Legislativo provincial y el Honorable Concejo del Municipio correspondiente, debiendo
éste prestar conformidad para su nombramiento.
Con el objetivo de aumentar el poder de decisión y participación a favor de la representación estatal, proponemos la modificación del artículo 5, otorgándole a los mismos el
valor doble de su voto.
Por último, proponemos la modificación del artículo 16, apuntando a un mayor control
externo de las actividades del Ente, reforzando la labor del síndico a través de la rendición de cuentas a los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.
Recuperar la visión productiva y desarrollista de la región con la mirada rectora del Estado, potenciando la producción y el empleo en las ciudades de Santa Fe y Rosario serán los resultados de estas modificaciones que deben ser apuntaladas por decisiones
motivadas en el sentido de recuperar soberanía en la provincia.
Santa Fe mirando al mundo pero flameando su bandera nacional, terminando con el
embudo agroexportador extranjero y desarrollando los puertos públicos para así contribuir a la multiplicación de las producciones agrícolas, ganaderas, de los recursos enormes que posee nuestra geografía y dinamizando el empleo genuino industrial para el
crecimiento de nuestra región.
Por tales motivos, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.-

Fuente: Prensa Dip.Carlos Del Frade.-

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