Delitos del estado son de lesa humanidad. Los producidos por personas individuales son juzgados por la justicia penal ordinaria. No hay equivalencias ni jurídicas, ni políticas.

Proyecto de Declaración


La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su preocupación por las declaraciones del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, que intenta equiparar el reclamo de las víctimas de la guerrilla a las del terrorismo de estado reeditando, de esta manera, una nueva versión de la teoría de los dos demonios.

Los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras fueron juzgados por la justicia penal porque se trataron de hechos civiles, en tanto el terrorismo de estado configuró una sistemática política de aniquilamiento sostenido en el tiempo y por eso son considerados de lesa humanidad, tal como sostiene la jurisprudencia nacional e internacional.

Por estas razones este cuerpo cuestiona esas declaraciones que intentan confundir a la opinión pública en general y desconocer sentencias que ya adquirieron dimensión histórica.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El pasado sigue abierto en el presente.

A través de sueños colectivos inconclusos y también por pesadillas todavía impunes.

Desde diciembre de 1985, la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal produjo una sentencia histórica: los crímenes del terrorismo de estado fueron delitos de lesa humanidad y no tienen comparación con los cometidos por las organizaciones civiles que tomaron las armas en los años setenta.

Delitos del estado son de lesa humanidad. Los producidos por personas individuales son juzgados por la justicia penal ordinaria. No hay equivalencias ni jurídicas, ni políticas.

Por eso es imprescindible cuestionar los dichos del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, cuando sostuvo que “el reclamo de los familiares de víctimas de la guerrilla también es legítimo”.

En una entrevista publicada en el diario “Clarín”, del domingo 28 de julio de 2019, el funcionario agregó que “el tema de las indemnizaciones despierta curiosidad en muchos, y obviamente sospechas, en el marco de todo el universo de corrupción que día tras día se va despertando o conociendo de la gestión anterior. Y este es un tema tan sensible, donde se manejó muchísimo dinero, con un universo de beneficiarios muy alto”.

Afirmó, más adelante: “Yo creo que es legítimo el reclamo de que aquellos que murieron defendiendo la Patria, la institucionalidad, estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar, debían recibir una reparación del Estado. Y es legítimo, más aun, cuando se confronta que los que recibieron sumas cuantiosas son aquellos que no por un ideal de respeto a los derechos humanos, se levantaron contra el orden constitucional, porque era el gobierno de Isabel Perón. No fue durante la dictadura militar, fue en democracia y fue contra el orden constitucional”, apuntó en un revisionismo histórico más cercano a la imaginación que a los hechos reales.

Esta declaración sirvió de fundamento para anunciar, en los primeros días de agosto de 2019, una reparación monetaria de parte del estado con las familias de las llamadas víctimas de la guerrilla.

Es necesario informar que esas familias tuvieron reparaciones económicas y simbólicas fundamentales como, por ejemplo, conocer el destino del cuerpo de sus personas queridas, cosa que, mayoritariamente, no pasó con las 30 mil familias de los detenidos desaparecidos del terrorismo de estado.

Esta nueva versión de la teoría de los dos demonios es peligrosa porque pretende eliminar la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.

Por estas razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.

Fuente: Prensa Dip. Carlos Del Frade.-

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