Amnistía Internacional denunció recortes, cierres de programas y mayor represión en la gestión de Milei
Amnistía Internacional (AI) alertó este lunes en su Informe Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos acerca del impacto de los recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei en los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género y el cierre de instituciones claves.
Según supo Noticias Argentinas, el informe denuncia la “drástica reducción” del presupuesto destinado a garantizar derechos básicos y advierte sobre “el deterioro de las políticas públicas en niñez, adolescencia y género”.
Violencia de género y derechos sexuales
La organización remarcó que en Argentina, a pesar de persistir una alta tasa de feminicidios —uno cada 33 horas en 2024—, se recortaron servicios esenciales:
- La línea 144 redujo su personal en un 42%.
- El programa Acompañar recortó su alcance en un 98,63% respecto de 2023.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, AI destacó que aunque la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente, hubo escasez de insumos para abortos y un recorte severo al Plan de Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, que había logrado reducir un 49% de los casos.
Violencia contra periodistas y vigilancia digital
El informe también denunció el aumento de la violencia digital contra periodistas, señalando que:
- 63,5% de las periodistas sufrió violencia online.
- 85,6% denunció acoso o troleo.
- 45,9% sufrió amenazas o acoso sexual.
Además, AI advirtió que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, implementó “vigilancia masiva mediante el monitoreo de redes, reconocimiento facial y análisis predictivo de delitos”.
Represión, impunidad y derechos económicos
Amnistía denunció también un “creciente nivel de represión en las protestas” tras el nuevo protocolo de orden público y cuestionó el cierre de la Unidad de Investigación de niños desaparecidos de la dictadura.
En materia económica, la organización afirmó que los recortes “impactaron desproporcionadamente en niños y adultos mayores”, agravando la desigualdad y priorizando “exenciones fiscales a grandes empresas” mientras se vetaban aumentos a las jubilaciones.
