Gobierno de Bolivia calificó de “histórica” la sentencia contra el expresidente Lozada
El Gobierno de Bolivia calificó como “histórica” y “contundente” la sentencia emitida por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), involucrado en el caso de corrupción “Petrocontratos”, difundió hoy martes el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
El TSJ condenó a Sánchez de Lozada a seis años y tres meses de prisión por incumplimiento de deberes y conducta contra la economía nacional.
La institución sentenció también a los exministros Jorge Berindoague (Minería e Hidrocarburos), Carlos Contreras (Desarrollo Económico) y Carlos López (Hidrocarburos), quienes recibieron penas de cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional celebra la histórica sentencia condenatoria y sin precedentes emitida en el caso denominado ‘Petrocontratos’, dictada en el marco de un juicio de responsabilidades, conducido con apego al debido proceso y con el firme propósito de combatir la impunidad en delitos de corrupción”, difundió.
Subrayó que el fallo no solo representa un acto de justicia esperado por años, sino también una reparación moral para las víctimas de la llamada Guerra del Gas (2003).
“Esta sentencia no solo constituye un acto de justicia esperado y ansiado por tanto tiempo, sino que también habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados, considerando la naturaleza imprescriptible de los delitos de corrupción; así como, la acción reparatoria civil para resarcir al Estado del cuantioso daño económico ocasionado por los ilícitos condenados”, señaló.
Sánchez de Lozada dimitió luego de poco más de un año de su segundo mandato, el 17 de octubre de 2003 y de inmediato se trasladó a Estados Unidos.
El llamado caso “Petrocontratos” involucra a los expresidentes bolivianos Sánchez de Lozada, Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2002).
A los involucrados se les acusa de la suscripción de contratos petroleros con empresas transnacionales sin la autorización del Congreso, requerida por la Constitución vigente en aquel momento.
Quiroga quedó fuera del proceso en 2018 tras recibir una amnistía otorgada por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), mientras que Banzer falleció en 2002.
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