Nueve de cada diez personas privadas de su libertad en Santa Fe son atendidas por la defensa pública

En Santa Fe, nueve de cada diez personas privadas de libertad son asistidas por la Defensa Pública, una cifra que refleja no solo el volumen de trabajo del organismo, sino también el perfil de las personas que atraviesan el sistema penal: en su mayoría, ciudadanos sin recursos para pagar un abogado particular.

“Los que recurren a la Defensa Pública no lo hacen porque nos eligen, lo hacen porque no tienen otra posibilidad”, afirmó la defensora provincial, Estrella Moreno Robinson, en declaraciones a radio LT10.

Juicios

Según precisó, el 60% de los juicios, el 75% de los procedimientos abreviados y el 70% de las audiencias en general son llevados adelante por defensores públicos. Pero el número se eleva aún más cuando se analiza qué ocurre una vez que las personas son detenidas.

“Después, cuando llegan a la privación de libertad, ya no van a tener ninguna posibilidad de contratar un abogado o de seguir pagando uno”, explicó Moreno Robinson.

La defensora también se refirió a los límites que hoy tiene el organismo en cuanto a su alcance. Muchas personas, sostuvo, llegan a la defensa pública atravesadas por múltiples situaciones de vulnerabilidad —como problemas de salud mental— y demandan ayuda más allá del plano penal.

“Nos piden ayuda, se genera un vínculo de confianza, pero lamentablemente tenemos que decir ‘hasta acá llegamos’”, lamentó.

“No es que haya una mala relación con las defensorías civiles, al contrario, pero trabajamos en organismos separados”, añadió.

Frente a eso, Moreno Robinson propuso unificar los servicios bajo una sola estructura independiente, autónoma y autárquica, como ocurre en otras provincias y a nivel nacional.

“Es una propuesta que no es un invento. Hay historia, jurisprudencia y experiencia de cómo funciona bien este tipo de defensas”, señaló.

Defensa pública y un reconocimiento constitucional pendiente

En el marco del proceso de reforma constitucional en la provincia, desde la Defensa Pública reclaman que el organismo tenga reconocimiento expreso dentro de la Constitución de Santa Fe.

“Cuando se pasó del sistema inquisitivo al acusatorio, nacieron dos órganos nuevos: el que acusa (MPA) y el que defiende (nosotros). Pero fuimos creados por ley y ubicados dentro del Poder Judicial porque no había otro lugar”, explicó Moreno Robinson.

“La Nación, en 1994, creó el Ministerio Público de la Defensa. Otras provincias como Salta y Jujuy también los reconocen como órganos separados del Poder Judicial”, recordó.

Para la titular del organismo, la independencia funcional y política de la Defensa es clave para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. Esa independencia, asegura, debe ser de los tres poderes del Estado.

“La defensa enfrenta a los poderosos, no es una defensa que permite que pase cualquier cosa. Tiene un rol social central: restablecer derechos”, remarcó.

“La OEA viene señalando desde 2011 que todas las defensas públicas de Latinoamérica deben ser autónomas, autárquicas e independientes”.

En relación con los procesos disciplinarios, sostuvo que la remoción de un defensor debe ser definida por un tribunal con representación de todos los estamentos o, como en Jujuy, por el Consejo de la Magistratura.

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